ICE: ¿Vía libre para entrar en casas sin juez? Un memo enciende la polémica

Qué pasó

Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha levantado polvo. Este documento, que ha generado una fuerte polémica, autoriza a sus agentes a entrar por la fuerza en viviendas para detener a inmigrantes. Lo más notorio es que pueden hacerlo sin la necesidad de una orden judicial firmada por un juez, algo que ha puesto en alerta a muchos.

La práctica choca con lo que legisladores y organizaciones civiles consideran una grave violación constitucional. El director interino de ICE, Todd Lyons, emitió este memorando el 12 de mayo de 2025. Permite a los agentes usar una orden administrativa de deportación —el Formulario I-205— para ejecutar arrestos dentro de domicilios particulares, incluso aplicando la fuerza si los ocupantes se niegan a cooperar.

Dónde y cuándo

La controversia se cocina en Estados Unidos. Aunque el memorando se firmó en mayo de 2025, el asunto salió a la luz pública a principios de 2026, tras un incidente concreto. La luz roja se encendió en octubre de 2025, en la ciudad de Gary, Indiana.

Allí, un grupo de agentes enmascarados, sin presentar orden judicial alguna, irrumpió en la vivienda de Arnoldo Carrillo, un joven de 26 años. El informe detalla que Carrillo fue sometido con violencia. Su madre, quien padece diabetes, también resultó herida durante el allanamiento. Las sombras de la madrugada se mezclaron con el asombro y el miedo.

Por qué es importante

Este memorando es una brasa encendida para todos en Estados Unidos, no solo para la comunidad inmigrante. Toca directamente la fibra de la Cuarta Enmienda, ese pilar que protege a los ciudadanos de allanamientos y detenciones arbitrarias. Si un documento interno de ICE puede saltarse el control de un juez para entrar a una casa, ¿qué otras puertas podrían abrirse sin supervisión?

La política abre la posibilidad de que el gobierno irrumpa en cualquier hogar sin un filtro judicial, alterando las reglas fundamentales sobre la privacidad y la seguridad. Legisladores y grupos de derechos civiles ven en esto un camino peligroso, que podría llevar a abusos y detenciones sin el debido proceso que la ley establece para todos.

Qué dicen las partes

Las voces de alarma resonaron en el Congreso. El representante demócrata Robert García y el senador Richard Blumenthal iniciaron una investigación. Ambos calificaron la política de “legal y moralmente inaceptable”, subrayando el riesgo para los derechos civiles de todos.

Blumenthal fue claro al afirmar que “todo estadounidense debería estar alarmado” por esta política secreta. Señaló que estas prácticas socavan principios básicos de la Constitución y abren la puerta a abusos graves. Expertos legales han sido enfáticos: una orden administrativa, emitida por el propio Departamento de Seguridad Nacional, no es un sustituto legal para la orden firmada por un juez, la única que permite legalmente el ingreso forzado a una propiedad privada, salvo excepciones muy puntuales.

Qué viene ahora

El asunto está bajo el microscopio del Congreso, que mantiene abierta una investigación para desentrañar el alcance de este memorando. Organizaciones como Whistleblower Aid ya han entregado documentos al Senado, y se mantienen vigilantes sobre los próximos pasos.

Es probable que se desate un debate intenso sobre los límites del poder ejecutivo frente a las garantías individuales. La comunidad espera ver si esta “autoridad sin control”, como la han llamado, se mantiene firme o si la balanza de la justicia se inclina de nuevo hacia la protección de los derechos constitucionales.